- PP, Pinto Avanza y VOX acuerdan destinar 68 millones potenciando seguridad, natalidad, tauromaquia e inversiones, pero eliminando proyectos como Memoria Democrática o cualquier referencia a Agenda 2030.
- La oposición cuestiona algunas medidas mientras se crean dudas sobre posibles conflictos competenciales o legales para aplicar ciertas medidas anunciadas.
El Gobierno de Pinto y VOX han presentado esta semana sus presupuestos para 2025, en una rueda de presa donde este medio local no fue invitado, anunciando un presupuesto de gastos de 68 millones de euros, que supera en 11 millones de euros a los último presupuestos aprobados en 2022 y que actualmente siguen prorrogados. Tras dos años sin propuestas propias, el acuerdo entre Partido Popular, Pinto Avanza y VOX incluye rebajas fiscales, refuerzo policial y ayudas a la natalidad y genera debate por la supresión de ciertas políticas y partidas y posibles choques con normativas superiores.
Los ejes más destacables de los anunciados por los tres partidos firmantes son:
- Una rebaja de impuestos que ahorrará 5 millones a los contribuyentes, principalmente en el IBI y tasas a negocios locales.
- 100.000 euros en ayudas a la natalidad, vinculadas al consumo en comercios locales.
- Incremento de agentes de policía local hasta los 100 efectivos y un nuevo edificio de seguridad que lleva años anunciado.
- Un plan contra la ocupación ilegal y endurecimiento de requisitos de empadronamiento.
- Inversión en instalaciones municipales, enfatizando en las deportivas.
- El desarrollo del Sector 9, conocido como «Punctum Millenium» hasta ahora y medidas para facilitar a promotores la construcción de viviendas.
- Eliminación definitiva de partidas y políticas para la Memoria Democrática, las cuales llevaban dos años sin ejecutarse.
- Eliminación de las referencias a la Agenda 2030, un compromiso europeo definido oficialmente como «un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad».
- La no implementación de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a personas que vivan, trabajen o vengan a consumir en nuestro municipio.
- Introducción del veto parental a las actividades educativas.
- Protección e impulso de los «festejos» taurinos aumentando su presupuesto a 95.000 euros.
El acuerdo ha suprimido partidas como la destinada a Memoria Democrática, sin ejecutarse desde hace dos años. Una decisión que VOX defendió por considerar el proyecto «divisivo», pero que asociaciones memorialistas han criticado duramente en otras ocasiones similares, tachando este tipo de acuerdos con VOX como la «venta» de la memoria de las víctimas.
Aunque el equipo de gobierno ha subrayado que los presupuestos están dentro de la legalidad, existen posibles conflictos que podrían dificultar la aplicación:
- La rebaja de impuestos con límites legales establecidos y subida del precio en servicios fundamentales que podrían venir acompañadas de recortes para no afectar a la sostenibilidad financiera.
- El plan antiokupación, no sustentado en datos objetivos, que depende en gran medida de la actuación judicial, no municipal.
- La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin sanciones que podría contravenir legislación estatal que obliga a municipios como Pinto a restringir el tráfico contaminante.
- Un veto parental que restringiría derechos y que excede la competencias locales en materia educativa.
- Un impulso de los «festejos» taurinos que se enfrenta a nuevas denuncias relativas a las últimas actividades municipales realizadas en ese ámbito.
Por otro lado, llama la atención como la política de invisivilización de la Agenda 2030 anunciada, no critica ni menciona el mantenimiento de una gran número de inversiones, valoradas en varios millones de euros y financiadas mayoritariamente con fondos europeos, que buscan la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Una medida más cosmética que real.
La oposición ha acusado al gobierno de priorizar medidas «ideológicas» sobre necesidades sociales, «entregándose» a la ultraderecha. Estas formaciones han advertido de posibles recortes culturales, de servicios y desprotección de derechos como consecuencia de este acuerdo de las tres formaciones políticas firmantes.
Próximos pasos
El pleno debatirá el proyecto en las próximas semanas. Mientras el gobierno insiste en que son unas cuentas para la «estabilidad», la izquierda local previsiblemente presentará enmiendas para reintroducir partidas eliminadas y ajustar algunas propuestas.