Los vecinos de la calle Tomás Bretón denunciaron este miércoles en el programa de David Cantero su situación límite tras la venta de sus viviendas de obra social a un fondo de inversión. Los afectados aseguran que la nueva propiedad ha cerrado la puerta a la continuidad de los alquileres, ofreciendo únicamente la opción de compra a precios de mercado inasumibles para las familias
PINTO/10 FEBRERO 2026.- La incertidumbre se ha apoderado de los residentes del portal número 2 de la calle Tomás Bretón, en la zona de La Tenería 2 de Pinto. En una entrevista concedida al periodista David Cantero en el programa Las tardes de RNE, los vecinos explicaron que el pasado mes de mayo recibieron un comunicado informando de que La Caixa había vendido la urbanización a un fondo de inversión. Desde entonces, la estabilidad de las 166 familias que componen el bloque ha desaparecido.
Según relataron los portavoces vecinales, el fondo propietario no ofrece alternativas de renovación para los contratos de alquiler, que oscilan actualmente entre los 600 y los 1.000 euros. La única propuesta recibida es la compra de los inmuebles por importes que alcanzan los 350.000 euros, una cifra que los residentes califican de «estafa» y «favor envenenado», dado que accedieron a estos pisos bajo requisitos de rentas limitadas por tratarse de obra social.
Sin interlocución y con falta de mantenimiento
Los afectados denunciaron ante los micrófonos de la radio pública la opacidad de la nueva propiedad. «No hay una vía de comunicación directa con ellos», lamentó Pedro, uno de los vecinos, quien señaló que todas las gestiones se realizan a través de una empresa intermediaria. Además, criticaron la «desidia» en el cuidado del edificio, reportando averías en puertas y zonas comunes que tardan meses en ser reparadas pese a que los inquilinos sufragan los gastos de comunidad e IBI.
Un frente común contra los «desalojos»
La problemática no es aislada. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), existen casos similares en Vallecas y Vicálvaro que afectan a más de 500 familias. El colectivo ha iniciado una campaña bajo el lema «Nos quedamos» y ha interpuesto demandas por cláusulas abusivas en los contratos, diseñadas presuntamente para evitar la resistencia vecinal.