Las familias aseguran que el Gobierno local prometió mediar, pero que a día de hoy no reciben respuesta a sus mensajes mientras sufren presiones para abandonar sus hogares.
PINTO/18 MARZO 2026.- La situación de incertidumbre que atraviesan unas 150 familias en el barrio de La Tenería ha llegado a un punto crítico. En declaraciones exclusivas a Pinto Televisión, las portavoces de los afectados han relatado el calvario que viven desde que conocieron en mayo que su urbanización había sido vendida al fondo de inversión Farley por parte de InmoCaixa. Los vecinos denuncian que se les impidió ejercer el derecho de retracto al ser informados oficialmente una vez transcurrido el plazo legal de 30 días.
Ruptura de la mediación municipal
El malestar de los residentes se dirige principalmente hacia el actual equipo de Gobierno. Según explicaron en la entrevista, tras una mesa de trabajo en enero en la que participaron todos los partidos, el Partido Popular se comprometió a utilizar un contacto directo con el fondo para negociar una salida social. «Nos dijeron que iban a mediar antes del 3 de marzo, y hoy por hoy no tenemos ninguna respuesta; no nos contestan ni al email ni a los mensajes», señalaron con indignación a Pinto Televisión.
El expediente «desaparecido»
Otro punto clave denunciado por las familias es la imposibilidad de acceder al expediente de construcción de la urbanización, documento que califican como el «Santo Grial de Pinto». A pesar de haberlo solicitado por registro municipal y vía Transparencia a la Comunidad de Madrid, denuncian que el expediente «no aparece». Los vecinos, que accedieron a las viviendas hace más de una década a través de un sorteo de obra social, sospechan que los años de protección legal podrían no haber expirado y que InmoCaixa se deshizo de la promoción para evitar demandas previas.
Coacciones y acciones legales
La presión sobre los inquilinos ha escalado con métodos que califican de intimidatorios. Según relataron a este medio, reciben llamadas de una empresa de «mediación social» ofreciendo entre 8.000 y 10.000 euros para desalojar las viviendas de forma anticipada. Además, alertan de la reciente presencia de una empresa de desocupación en el bloque, lo que ha generado un clima de miedo e inseguridad entre las familias con menores y personas mayores.
Ante este escenario, los afectados se han unido a vecinos de Vallecas y Vicálvaro en una demanda colectiva por la existencia de hasta 14 cláusulas abusivas en sus contratos. Las familias exigen que el Ayuntamiento «se ponga las pilas» y que la Comunidad de Madrid o el Estado ejerzan su derecho de compra para garantizar que estas 150 familias puedan permanecer en sus hogares.