El Ayuntamiento celebra un pacto para mejorar las condiciones laborales de la Policía Local, mientras que representantes de los trabajadores critican su impacto en el presupuesto municipal.
El Ayuntamiento de Pinto y los sindicatos CSIF, UPM y CPPM han firmado un acuerdo histórico que promete mejorar las condiciones laborales de la Policía Local. Este convenio, que estará vigente entre 2025 y 2027, incluye un aumento de la presencia policial en las calles, mejores medios materiales y un complemento de disponibilidad para todos los turnos. Según el Alcalde, Salomón Aguado, el acuerdo “beneficiará a los vecinos de Pinto, con calles más seguras gracias a una mayor presencia policial”.
Sin embargo, el pacto ha generado malestar en el resto de la plantilla municipal. El Comité de Empresa, ha expresado su rechazo al acuerdo económico alcanzado con la Policía, argumentando que agota el presupuesto del Capítulo 1 (dedicado a gastos de personal), dejando sin margen para negociar otros beneficios para la plantilla general. En un comunicado emitido el lunes, señalaron que el acuerdo “supondrá el fin de la negociación de cualquier tema que lleve asociado algún gasto o aportación económica”.
Además, los representantes de los trabajadores han criticado la amortización de 10 plazas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), considerando que estas medidas agravan la situación laboral de otros colectivos municipales. Como muestra de protesta, el Comité de Empresa ha anunciado que no asistirá a la comida de Navidad organizada por el Ayuntamiento el próximo 19 de diciembre y ha llamado a la plantilla a sumarse a esta acción.
El Concejal de Seguridad, Fernando González, destacó que la seguridad ciudadana “seguirá siendo una prioridad durante esta legislatura”, recordando que se han incorporado nuevos vehículos y equipos, y que próximamente se sumarán 12 agentes a la plantilla, acercándola a los 100 efectivos. Sin embargo, desde el Comité de Empresa consideran que las decisiones del Gobierno local “menosprecian a la mayoría de la plantilla”.
La polémica evidencia las tensiones entre las prioridades del Equipo de Gobierno y las expectativas de los trabajadores municipales, planteando un desafío para el Ejecutivo local.