- Según los datos publicados, el gasto estimado de este nuevo contrato, sin contar modificaciones anuales e IVA, partirá de los 86 millones de euros, pudiendo llegar hasta los 155 millones de euros.
El pasado 26 de septiembre, se aprobaba en el Pleno del Ayuntamiento de Pinto el «expediente de contratación del servicio de recogida, transporte y gestión de residuos, y limpieza viaria en el término municipal de Pinto», con los votos favorables de Partido Popular, Pinto Avanza y VOX. Un acuerdo rechazado por el resto de la oposición y que se traduce en el mantenimiento de estos servicios en manos privadas, por un mínimo de 10 años y un máximo de 15 años más.
La prestación de estos servicios de manera privada, ha sido muy polémica durante estos 11 años de trabajos, suponiendo que la suciedad y el mal mantenimiento de zonas verdes, se haya colocado como unos de los principales problemas de la ciudad para las vecinas y vecinos de Pinto.
Recordemos que este servicio, era prestado de forma directa por la Empresa Municipal ASERPINTO, hasta la privatización de estos por parte del Gobierno del Partido Popular, Alcaldía en manos por entonces de Dña. Miriam Rabaneda, la cual contaba también en sus filas con el actual Alcalde, D. Salomón Aguado y el actual Portavoz de Pinto Avanza, D. Fernando González Jaén, como Concejales de Gobierno del Partido Popular.
Según los datos publicados, el gasto estimado de este nuevo contrato, sin contar modificaciones anuales e IVA, partirá de los 86 millones de euros, pudiendo llegar hasta los 155 millones de euros y se basará en las necesidades contempladas en las Ordenanzas Reguladoras de Servicio aprobadas por el anterior Equipo de Gobierno.
Este proceso lleva meses no exento de polémica. En este Pleno, hemos podido vivir también como se rechazaban las alegaciones presentadas por Unidas Pinto-Podemos y Más Madrid a la «estructura de constes del servicio». Los grupos de la oposición advierten de fallos graves en la «Memoria Económico Financiera» contratada y utilizada para justificar, según ley, el mantenimiento de estos servicios como privados y también, fallos en la estructura de costes y en los Pliegos de Contratación, todo ello rechazado por el Consistorio.
El servicio prevé su entrada en vigor en enero de 2025, aunque todo indica que podremos ver más pronto que tarde como esta polémica sigue, pero esta vez en los juzgados, ya que la oposición ha expresado su intención de llevar este proceso ante los tribunales.