El proyecto plantea la colaboración directa con entidades sociales para convertir a Pinto en un referente de inclusión y protección de los derechos humanos.
PINTO/28 ENERO 2026.- El Grupo Municipal de Unidas Pinto-Podemos ha presentado una iniciativa para elaborar un Plan Municipal Antirracista que fortalezca la convivencia en la localidad. La propuesta, motivada por el aumento de los discursos de odio a nivel global, busca establecer un diagnóstico local y líneas estratégicas de actuación. El proyecto plantea la colaboración directa con entidades sociales para convertir a Pinto en un referente de inclusión y protección de los derechos humanos.
La iniciativa presentada por la coalición de izquierdas solicita que el Ayuntamiento diseñe una hoja de ruta con objetivos concretos. Este plan requiere la participación efectiva de asociaciones especializadas y colectivos ciudadanos para garantizar que no sea una medida meramente consultiva. La propuesta responde a la necesidad de proteger la diversidad social y cultural que caracteriza al municipio frente a mensajes xenófobos.
El proyecto incluye la creación de un sistema municipal de atención y acompañamiento para víctimas de discriminación. Asimismo, se contempla la puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas específicamente a la juventud y a los centros educativos. El objetivo principal es prevenir conductas racistas mediante la educación y el apoyo institucional directo a los ciudadanos afectados.
Carlos Gutiérrez, portavoz de Unidas Pinto-Podemos, ha señalado que los discursos de odio generan una discriminación real que vulnera los derechos fundamentales. Según Gutiérrez, este tipo de mensajes se manifiestan de forma cada vez más cruda en el contexto nacional e internacional. El portavoz ha advertido sobre la gravedad de estas tendencias y la importancia de frenarlas desde el ámbito local.
Por su parte, Isaac López, portavoz de Podemos, ha subrayado que la moción pretende impulsar políticas públicas basadas en la igualdad de trato. López afirma que las instituciones deben ir más allá del rechazo verbal y construir herramientas que garanticen la dignidad de todas las personas. El plan busca, en última instancia, asegurar que la justicia social sea un pilar en la gestión de la ciudad.