El exministro de Hacienda, investigado por corrupción, dejó en Pinto un legado de recortes, deuda y servicios públicos debilitados con su controvertida Ley Montoro
PINTO/21 JULIO 2025.- El nombre de Cristóbal Montoro ha vuelto a acaparar titulares. El que fuera ministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018) está siendo investigado por un presunto caso de corrupción relacionado con una supuesta red de influencias en beneficio de empresas gasistas. La noticia estalló el pasado 16 de mayo, cuando el juez Rubén Rus, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, levantó el secreto de sumario de una causa que lleva abierta desde 2018.
En Pinto, la noticia ha despertado recuerdos amargos. Pocos han olvidado las consecuencias de las políticas impulsadas por Montoro desde el Ministerio de Hacienda, especialmente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012 y conocida popularmente como Ley Montoro. Su objetivo declarado fue controlar el déficit, pero en la práctica supuso un duro golpe para los municipios.
Una ley contra los pueblos
La Ley Montoro obligó a los ayuntamientos a priorizar el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto, incluso a costa de servicios públicos esenciales. Pinto, como muchos municipios, se vio obligado a recortar presupuestos, congelar contrataciones y externalizar servicios. Lo más indignante para vecinos y autoridades locales fue la imposibilidad de disponer libremente de los ahorros municipales: millones de euros bloqueados en bancos, incapaces de destinarse a proyectos que mejoren la vida de los ciudadanos.
Según el Banco de España, los ayuntamientos españoles tienen más de 45.000 millones de euros inmovilizados. En el caso de Pinto, se trata de decenas de millones de euros que no pueden invertirse en nuevas infraestructuras, cultura o servicios sociales.
El Plan de Pago a Proveedores: una trampa dorada
En 2012, Montoro lanzó el Plan de Pago a Proveedores, presentado como una ayuda a las pymes, pero en la práctica se convirtió en un salvavidas para grandes empresas constructoras y eléctricas. Los préstamos ICO que financiaron este plan se concedieron a tipos de interés del 5% al 6%, mientras el Banco Central Europeo prestaba a los bancos al 0,25%. El resultado fue un negocio redondo para la banca, con el Ministerio de Hacienda garantizando los pagos mediante la retención de ingresos estatales a los ayuntamientos.
Pinto paga las consecuencias
La ciudad arrastra aún las secuelas de estas políticas: servicios municipales precarizados, falta de personal, privatizaciones encarecidas y deterioro en la calidad de atención a los vecinos. La llamada “tasa de reposición cero” impidió renovar plantillas municipales, obligando a contratar empresas privadas para cubrir servicios antes públicos.
Hoy, el Ayuntamiento de Pinto cuenta con recursos propios que siguen bloqueados por una normativa que prioriza el pago a bancos frente al bienestar ciudadano. Una herencia amarga de un ministro que ahora podría responder ante la Justicia.
Un rescate para la banca, no para los ciudadanos
Expertos y economistas llevan años denunciando que la Ley Montoro no fue un plan de estabilidad, sino un rescate encubierto para las entidades financieras. Municipios como Parla siguen asfixiados con deudas de cientos de millones, mientras otros, como Getafe o Pinto, con las cuentas saneadas, no pueden reinvertir sus ahorros.
El caso judicial que rodea hoy a Montoro solo añade más sombras a una figura política que marcó negativamente la gestión municipal. Pinto, como tantas ciudades, todavía espera una reparación.
El pasado vuelve con fuerza. Y para Pinto, la justicia sigue pendiente.