El informe anual señala que Madrid presenta una cobertura “irrelevante” y el menor gasto por habitante del país; solo el proyecto municipal de Fuenlabrada destaca en el ámbito de la desinstitucionalización
PINTO/03 JULIO 2025.- La Comunidad de Madrid se sitúa un año más entre las regiones con peor valoración en servicios sociales, según los resultados del Índice DEC 2024, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Junto a Murcia y Cantabria, Madrid recibe la calificación de “irrelevante”, lo que implica una baja cobertura, escaso esfuerzo económico y limitados derechos efectivos para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
Uno de los datos más llamativos del informe es que Madrid tiene el menor gasto por habitante del país en servicios sociales, con 405,3 euros, frente a los 713,7 de Extremadura y los 1.203 euros del País Vasco, comunidad con régimen foral. Además, el porcentaje del PIB regional que la administración madrileña dedica a servicios sociales es del 0,95%, cifra que se encuentra muy por debajo de otras comunidades como Extremadura (3,03%).
Esta baja inversión tiene un reflejo directo en la débil cobertura de servicios clave como la ayuda a domicilio, los centros de día o la teleasistencia, cuya implantación en la región no avanza al ritmo necesario para responder al reto del envejecimiento o de la dependencia. El informe alerta de que el desarrollo de estos recursos —fundamentales para avanzar hacia una verdadera desinstitucionalización— sigue siendo “claramente insuficiente”.
Pese a este panorama general, la Comunidad de Madrid recibe una mención destacada en el ámbito municipal gracias al proyecto SHARE del Ayuntamiento de Fuenlabrada, galardonado como una de las tres iniciativas pioneras en desinstitucionalización. SHARE facilita la convivencia entre mayores y jóvenes en antiguos edificios públicos rehabilitados, permitiendo así que las personas mayores puedan mantenerse en su entorno en condiciones dignas, activas y acompañadas.
El informe, presentado el pasado 30 de junio en el Ateneo de Madrid, señala además que en España más de 20 millones de personas (42% de la población) viven en comunidades autónomas con servicios sociales débiles o irrelevantes, una situación que ahonda las desigualdades según el lugar de residencia.
En contraste, Castilla y León, Navarra y el País Vasco vuelven a liderar el ranking con servicios sociales sólidos y bien financiados, evidenciando que los derechos básicos de las personas más vulnerables siguen estando condicionados por la geografía política. En el caso madrileño, la brecha sigue creciendo, a pesar de las crecientes necesidades sociales de su población.